REFORMA DEL CÓDIGO PENAL.

El BOE del sábado, día 2 de marzo, ha publicado el texto de la ley orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotores y  sanción por el abandono del lugar del accidente.

La respuesta legislativa obedece, como dice la exposición de motivos de la nueva ley, a una importante demanda social ante el incremento de accidentes en los que resultan afectados peatones y ciclistas por la imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotores.

Esta respuesta legislativa (que en parte viene a rectificar la precipitada desaparición de la imprudencia como elemento típico del delito en el ámbito de la circulación vial) se asienta sobre tres ejes, que son: 1.- la introducción en la ley (Código Penal) de los tres supuestos en que se considerará que concurre la imprudencia grave siempre por disposición de la ley y, además, una interpretación auténtica del concepto jurídico de la imprudencia menos grave, que ahora alcanza rango legal; 2.- el aumento de las penas per estos ilícitos penales nuevos; y, 3.- la introducción del delito de abandono del lugar del accidente, en alguna forma parecido al vigente delito de omisión del deber de socorro, si bien con una forma de comisión automática ya que se desliga del concreto riesgo para la persona herida en el accidente.

La modificación alcanza, en primer lugar, al artículo 142.1 CP al que se le da un redactado nuevo, que no es necesario reproducir aqui, pero que básicamente introduce, en el párrafo segundo del artículo, que cuando el homicidio imprudente se comete con un vehículo a motor o ciclomotor pero concurriendo alguna o varias de las circunstancias previstas en el artículo 379 CP (exceso de velocidad en vía urbana superior en 60 km/h al límite legal; conducción bajo la influencia de dorgas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcoholicas con una tasa de alcohol en aire expirado superior a 0,60 mg/l, o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 grm/l) siempre se considerará que hay imprudencia grave, sin posibilidad de ninguna interpretación desviada o correctora del texto legal. Para la persecucion del delito, será necesaria la previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

En el punto 2, del mismo artículo, se añade al segundo párrafo la interpretación auténtica del concepto de imprudencia menos grave que queda determinada, en los casos en que no pueda ser considerada grave, cuando el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la gravedad de la infracción por el Juez o Tribunal. Vuelve, pues, quizá modernizado, el concepto de la infracción de reglamentos, para tipificar la imprudencia como menos grave. En todo caso, siempre previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

La reforma del CP introduce, también, un nuevo artículo 142bis, que faculta al Juez o Tribunal para imponer, motivadamente, la pena superior en un grado, en la extensión que crea conveniente, si el hecho evidencia una notoria gravedad, atendiendo a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y, además, que haya provocado la muerte de dos o más personas, o la muerte de una y lesiones con pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, etc. En definitiva, lesiones graves o muy graves. Pero el artículo acaba con una cláusula penal en blanco que no nos acaba de gustar. Dice que el Juez o Tribunal podrá aumentar la pena hasta dos grados si el número de muertos en el accidente es muy elevado.

¿A partir de cuántos muertos en el accidente se podrá aplicar esta cláusula agravante de la pena? ¿Tres, o más de tres? Nos parece que se deja a criterio del Juez o Tribunal apreciar o no la concurrencia de esta agravante que no queda, a nuestro criterio, suficientemente definida en el texto legal, y ello puede vulnerar el principio de legalidad penal.

La reforma continúa con un redactado nuevo (por el añadido ad hoc al objeto de la misma) del artículo 152. El párrafo segundo del artículo citado se modifica con una añadido idéntico al que se hizo en el artículo 142, para establecer que siempre se habrá de considerar que hay imprudencia grave cuando en el hecho concurran una o varias de las circunstancias del artículo 379 CP, que ya hemos reseñado antes.

El apartado 2 del artículo 152 también recibe la misma interpretación auténtica de lo que el legislador considera imprudencia menos grave. Es aquella que, sin ser grave (porque no concurran ninguna de las circunstancias del art. 379), se cometa con la infracción grave de normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y ciclomotores y seguridad vial, siempre apreciada la relevancia de esta infracción por el Juez o Tribunal.

Igual que para el homicidio imprudente, se incorpora al Código Penal un nuevo artículo 152bis, que permite al Juez o Tribunal imponer, motivadamente, la pena superior en un grado, en la extensión que considere conveniente, cuando el hecho demuestre una notoria gravedad, en atención a la singular entidad del riesgo creado y del deber normativo de cuidado que se haya infringido en el accidente, y haya provocado lesiones constitutivas del delito del artículo 152.1, 2º o 3º, a una pluralidad de personas; y también permite al Juez o Tribunal subir la pena hasta dos grados si el número de lesionados fuere muy elevado. Encontramos de nuevo, aquí, esa cláusula penal en blanco que no nos agrada porque, a nuestro criterio, se compadece mal con el principio de legalidad penal.

El último artículo que se modifica en esta reforma es el 382. Este precepto contiene una regla penológica que establece que cuando se comete un delito de los artículos 379, 380 y 381 (contra la seguridad vial) y, además, se causa un resultado lesivo que constituya por si mismo delito, sea cual sea su gravedad, sólo se podrá sancionar la conducta más gravemente penada, con la aplicación de la pena correspondiente en su mitad superior

Pues bien, la reforma añade que cuando el resultado lesivo concurra con el delito previsto en el art. 381, se impondrá en todo caso, la pena de privación del derecho a conducir vehículos de motor o ciclomotores prevista en este precepto, pero en su mitad superior.

Finalmente, se introduce en el Código Penal un nuevo artículo, el 382bis, que sanciona con pena de entre seis meses y cuatro años de prisión y privación del derecho a conducir vehículos de motor o ciclomotores, a los que fuera de los supuestos del artículo 195 CP (quién no socorra a otro sin riesgo para si ni para terceros) voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o para terceros (aquí parece encontrarse una redundancia con la anterior referencia al art. 195), abandonen el lugar de los hechos después de haber causado un accidente en el que muera una o varias personas o en el que se causen lesiones constitutivas de un delito del artículo 152.2. El delito se denomina abandono del lugar del accidente. Y, además, incluye un supuesto para el caso de que el accidente haya sido fortuito, en el que impone la pena de entre tres y seis meses de prisión y, curiosamente (ya que se aplicará también a quines no hayan intervenido en el accidente pero abandonen el lugar de los hechos) con la pérdida del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores entre seis meses y dos años.

Esta reforma del Código Penal ha entrado en vigor el domingo, día 3 de marzo de 2019.