HONORARIOS DE ABOGADO. TOPE MÁXIMO LEGAL

D. Álvaro, abogado en ejercicio y demandante en el proceso, fue designado en turno de oficio para la defensa de Dña. Juliana, demandada, en relación con su despido por la empresa Consulting i Gestió de Finques, S.L., procedimiento número 54/2010, del Juzgado de lo Social de Terrassa.

La sentencia dictada en dicho proceso fue favorable a la señora Juliana, aunque no fue readmitida por la empresa, de modo que el Juzgado dictó auto en 25 de junio de 2012 declarando la extinción de la relación laboral y condenando a la empresa al pago de ciertas cantidades, por salarios de tramitación y por despido.

Aunque la demanda tenía reconocido el beneficio de justicia gratuira, el abogado demandante minutó sus honorarios, al amparto del art. 36.3 de la ley reguladora de dicho beneficio, tomando en consideración para el cálculo de los honorarios las cantidades que había establecido el citado auto de 25 de junio. Reclamó en consecuencia la cantidad de 7.833,09 euros.

La sentencia recurrida estimó en parte la demanda. Considera que la minuta inicial estaba bien calculada conforme a los criterios orientadores del colegio de abogados. Pero la cantidad así obtenida excedía de la tercera parte a que se refiere el citado art. 36.3, dado que la señora Juliana solo había percibido la suma de 6.387,98 euros, que le había pagado el Fondo de Garantía Salarial. En consecuencia estimó la demanda solo por la cantidad de 1.916,39 euros, más el impuesto sobre el valor añadido. En total 2.318,78 euros.

En segundo lugar se plantea en el recurso la procedencia de disminuir la base sobre la que se aplica la tercera parte, a percibir como honorarios, a que se refiere el art. 36.3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

La juez de primera instancia consideró que la minuta del abogado demandante se había calculado correctamente conforme a los criterios orientadores del colegio de abogados. Pero, como esos honorarios excedían de la tercera parte de lo percibido efectivamente por la trabajadora, debían reducirse para ajustarlos a lo establecido en el repetido art. 36.3.

En el recurso de apelación se considera que la tercera parte de lo percibido por la señora Juliana, a pagar como honorarios conforme al art. 36.3, debe calcularse no sobre la totalidad de lo pagado por el Fondo de Garantía Salarial, sino solo sobre lo abonado en concepto de indemnización. Lo pagado como salarios de tramitación no debía ser tenido en cuenta, porque esa percepción no había sido real desde el momento en que era incompatible con la prestación de desempleo que percibió la trabajadora. La demandada percibió del Fondo los salarios de tramitación, pero perdió al mismo tiempo la prestación de desempleo por el período correspondiente, lo que equivalía a no haber percibido esos salarios del citado organismo.

Este planteamiento, en primer lugar no fue hecho en primera instancia, en la que la demanda se limitó a señalar que la suma percibida por ella habia sido de 6.387 euros. Por ello entendía que la cantidad reclamada por el abogado era improcedente. El argumento aducido en el recurso constituye por tanto una cuestión nueva, que no puede ser aceptada para esta segunda instancia, conforme a lo establecido en el art. 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por otra parte tampoco en cuanto al fondo es aceptable el argumento ni la postura de la recurrente. Percibió la cantidad total que le abonó el Fondo de Garantía Salarial como consecuencia de la actuación del letrado. Una parte fue en concepto de salarios, cierto, incompatibles con la prestación por desempleo. Pero ello no es distinto a estos efectos del caso en que los salarios hubiesen sido pagados por la empresa. Percibió la cantidad en virtud de la actuación del abogado y por eso no pudo percibir, también, la prestación citada. Pero no por esta circunstancia dejó de cobrar una cantidad en virtud de la actuación desarrollada en el proceso por despido.

(...)

Pero el caso es que la cantidad que fija la sentencia, de los citados 2.318,78 euros, excede del máximo legal que permite el art. 36.3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Como lo que obtuvo la señora Juliana fueron 6.387,98 euros, el máximo a percibir por el abogado demandante es de 2.129,33 euros, de modo que procede rectificar la cantidad, con estimación del recurso. El impuesto sobre el valor añadido no ha de sobreponerse sobre el tercio que estbalece la ley. Esa tercera parte constituye el límite absouto de lo que peude ser obligada a pagar la persona con derecho de justícia gratuita.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (nº Resolución 379/2017), de 19 de julio de 2017. Ponente: José L. Valdivieso Polaino.