DERECHO A JUEZ IMPARCIAL

Nulidad de sentencia dictada por Magistrados que confirmaron el auto del instructor de transformación a Procedimiento Abreviado.

Fundamentos de Derecho

PRIMERO.- La representación procesal del condenado en instancia, Jenaro, formula un primer motivo por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 851.6º de la LECr, en relación con el artículo 850, por cuanto la sentencia ha sido dictada por tres Magistrados cuya recusación, intentada en tiempo y forma, y fundada en causa legal, mediante escrito de 08/02/17, ha sido rechazada por auto de 13/02/17, así como en el fundamento jurídico previo de la sentencia objeto de recurso; y el tercero reitera la queja, si bien en este caso por infracción de precepto constitucional, al amparo del artículo 5.4 LOPJ, y artículo 852 de la LECr, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, por infracción del derecho a un proceso con todas las garantías, ex artículo 24.2 de la Constitución Española, en su vertiente del derecho al Juez Imparcial. (...)

SEGUNDO.-  Superado ese óbice procesal preclusivo, en cuanto a la cuestión de fondo, la necesaria imparcialidad de jueces y tribunales, es cuestión sobre la que la doctrina de esta Sala se ha pronunciado de modo reiterado. Así en la sentencias 187/2017, de 23 de marzo y 989/2016, de 12 de enero de 2017 con cita de la STS 897/16, de 30 de noviembre, hemos recordado que tanto el artículo 6º del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, como el artículo 10º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el artículo 14.1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial establecido por la Ley.

El Tribunal Constitucional ha reconocido que el derecho a un juez imparcial forma parte del derecho fundamnetal a un proceso con todas las garantías del artículo 24.2 de la Constitución.

No es posible obtener justicia en el proceso si quien ha de impartirla no se sitúa en un posición de imparcialidad como tercero ajeno a los intereses en litigio. Es por eso que el Juez ha de ser, y ha de aparecer, como alquien que no tenga respecto a la cuestión sobre la que ha de resolver y en cuanto a las personas interesadas en ella, ninguna relación que pueda enturbiar su imparcialidad. Incluso las apariencias pueden tener importancia, pues pueden afectar a la confianza que los Tribunales en una sociedad democrática deben inspirar a los ciudadanos en general, y en particular a quienes son partes en el proceso (STEDH de 1 de octubre de 1982, caso Piersac; STEDH de 26 de octubre de 1984, caso De Cuber y STEDH de 24 de mayo de 1989, caso Hauschildt.)

(...)

CUARTO.- (...)

La doctrina de nuestro Tribunal Constitucional y la del TEDH antes expuesta, como expresamos en la STS 897/2016, de 30 de noviembre, con cita de la 53/2016, de 3 de febrero, impiden que magistrados que han tomado dicho conocimineto de la instrucción, con la entidad y características de lo puesto de manifiesto, puedan entrar a enjuiciar una causa penal sin haber perdido la garantía de la imparcialidad objetiva, que es la primera característica de todo juicio que se celebre con todas las garantías, exigencia constitucional proclamada en el art. 24.2 de nuestra Carta Magna.

Nuestra doctrina es particularmente exigente en los casos de recisión de una resolución judicial tan sustancial en la instrucción como es el auto de procesamiento, debiendo las diversas secciones de las Audiencias cruzarse este tipo de asuntos, para que unas resuelvan todo lo concerniente a las resoluciones interlocutorias de la instrucción sumarial y, otras, hagan lo propio con respecto al enjuiciamiento. Y en los casos de Sección única, arbitrarse los medios orgánicos necesarios para que sean otros magistrados quienes enjuicien las causas, sin haber tomado contacto invalidante con la instrucción sumarial.

Este fue también el origen de la creación de una Sala de Recursos junto a la Sala de Admisión y Enjuiciamiento en los supuestos de aforados ante esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, para evitar todo contacto con la instrucción, y la debida separación de las funciones de instruir y juzgar, como igualmente es sabido regulan las normas de reparto en muchas Audiencias. La creación de la Sala de Recursos a partir de 2012 es consecuencia del Auto de la Sala Especial del art. 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de fecha 20 de junio de 2011, y del Auto de fecha 13 de diciembre de 2011, dictado igualmente por la Sala del 61 del Tribuanl Supremo.

En definiitva, el contenido del auto dictado en su actividad instructora por el Tribunal compuesto con los mismos integrantes que después declara la culpabilidad de la recurrente y la condena a pena de prisión, en cuanto entraron en contacto con la prueba y procedieron a expresar y valorar su contenido con la conclusión de la existencia a "efectos indiciarios" de una conducta comisiva propia de los delitos de falsedad y de apropiación, integra una razón legítima para considerar objetivamente justificados los temores sobre una falta de imparcialidad del Tribunal.

STS 2401/2018-ECLI:ES:TS:2018:2101, Sala de lo Penal, 28/06/2018, número de resolución 318/2018. Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Palomo Del Arco.