DECLARACIONES DE COIMPUTADOS. DOCTRINA

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La condena se sustenta en las declaraciones de un coimputado que cuentan con múltiples elementos corroboradores.

Las declaraciones de coimputados pueden ser idóneas para desmontar la presunción de inocencia si están rodeadas de ciertas condiciones.

Como es bien conocido, refiriéndose a esa eficacia desactivadora de la presunción de inocencia de la declaración de un coimputado, el Tribunal Constitucional ha elaborado unas ciertas pautas valorativas. Sin la observancia de esas reglas o elementos complementarios la declaración del coimputado sería "insuficiente" en abstracto (más allá de las circunstancias del supuesto concreto) para sostener un fallo condenatorio; no ya "inutilizable", sino "insuficiente".

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La valoración de las declaraciones de coimpputados no es solo un problema de fiabilidad en concreto, sino también de reglas de valoración abstractas. La constatación de que estamos ante una prueba peculiar que engendra inicialmente una cierta desconfianza constituye el sustrato de esa singularidad. Respecto de esta prueba no bastan las normas generales de las demás: que sea lícita, que se practique bajo el principio de contradicción, que esté racionalmente valorada y motivada... Hace falta algo más: unas condiciones externas, verificables desde fuera, más allá de que el proceso racional por el que un Tribunal ha llegado a conferirles credibilidad esté fuertemente asentado y sea convincente. Si pese a ello no concurren esas garantías externas -la corroboración-, habrá de declararse contraria a la presunción de inocencia la condena fundada en ese único elemento de convicción. Ese plus viene constituido por unos criterios de valoración interna (test de fiabilidad); y por la necesidad de un complemento (corroboración externa).

En el primer plano se mueven unos cánones que son algo más que meras orientaciones. Necesariamente han de ser sopesados. En ese nive se mueve la necesidad de motivar especialmente en los supuesto en que el coimputado puede actuar impulsado por motivos espúrios (animadversión) o por el deseo de acogerse a unos beneficios penológicos (legales o pactados con las acusaciones).

Como el acusado no está obligado a decir verdad, ni prestar promesa o juramento con ese objeto, sus manifestaciones son menos fiables. Puede mentir con impunidad. Si sus declaraciones heteroinculpatorias atraen un trato privilegiado mengua su fiabilidad convirtiéndose en una prueba bajo sospecha. (...) El hecho que el procesado no esté obligado por juramento o promesa a decir verdad y que no pueda ser reo de falso testimonio, no supone que pueda mentir y acusar a otros de manera impune. Las acusaciones inveraces a otros imputados pueden ser constitutivas de un delito de acusación y denuncia falsa.

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La reforzada necesidad de razonar la credibilidad del coimputado se acentúa así pues en el caso de declaraciones de quien puede obtener beneficios personales con esa actitud procesal. En esos supuestos hay que argumentar convinventemente la fiabilidad del coimputado.

El hecho que se deriven beneficios de la delación ha de ser sopesado pero no lleva ineludiblemente a negar valor probatorio a la declaración del coimputado. Ese dato puede menoscabar su fiabilidad; pero si no basta para explicarla y, pese a ello, se revela como convinvente y capaz de generar certeza pueder servir de sustento, aunque no solitario a una sentencia condenatoria.

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En efecto, no basta la pura y desnuda declaración de los coprocesados para fundar una sentencia condenatoria. Son necesarias corroboraciones, datos externos que confirmen en algunos puntos, más o menos accesorios o principales, la veracidad de las declaraciones. Pueden bastar elementos periféricos que, no siendo pruebas suficientes por sí mismos, robustezcan la declaración del co-procesado en lo relativo a la imputación del delito y no a otros extremos marginales.

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Si las declaraciones del coacusado están revestidas de las garantías necesarias podrán erigirse como prueba apta para desmontar la presunción de inocencia.

Sentencia del Tribunal Supremo 1746/2015, 25 de abril de 2015. (ECLI:ES:TS:2015:1746). Ponente: Antonio Del Moral Garcia.