CONTRATO CRIMINALIZADO E INCUMPLIMIENTO CIVIL

Presentamos y resumimos la sentencia dictada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo, de fecha 27 de julio de 2016 (ECLI:ES:TS:2016:3926) que analiza las diferencias entre la estafa a través del llamado negocio jurídico criminalizado y el mero incumplimiento de carácter civil, ajeno al derecho penal.

Se analizan en la sentencia una serie de operaciones instrumentalizadas en sendos contratos de disfrute de unos apartamentos turísticos “por turnos” o “por semanas”, primeramente bajo la dirección de un acusado, posteriormente absuelto, y después bajo la del acusado finalmente condenado. Básicamente el reproche penal que contiene la sentencia de la sala penal, que confirma en ese particular la dictada por la Audiencia Provincial de Granada, es la falta de información del acusado a los clientes, en el sentido de que se estaban ofreciendo unas prestaciones en los contratos que no iba a ser posible cumplir a causa de la falta de aprovisionamiento por parte de la empresa oferente de “las semanas” correspondientes, por lo que pierden esos clientes su capital, a causa, según describe el tenor de hechos probados de la sentencia de la Audiencia, del engaño que sufren por dicha falta de información, autolesionándose en los términos dispuestos en el relato histórico.

Para establecer la distinción entre el contrato criminalizado y el mero incumplimiento civil, la Sala segunda expone, en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida:

Hemos declarado con reiteración (ad exemplum, STS 229/2007, de 22 de marzo y STS 21/2013, de 25 de enero) que el engaño típico del delito de estafa es aquel que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico tutelado y concretamente el idóneo para provocar el error determinante del desplazamiento patrimonial que se persigue por el autor del delito.

También hemos dicho que las relaciones comerciales y en general, los negocios jurídicos, se rigen por el principio general de confianza, no por el contrario (principio de desconfianza), de manera que no puede desplazarse sobre el sujeto pasivo del delito de estafa la falta de resortes protectores autodefensivos, cuando el engaño es suficiente para provocar un error determinante en aquél.

Y también hemos proclamado con reiteración que el engaño no tiene solamente una significación positiva, sino igualmente omisiva, de forma que el deber de proporcionar toda la información que sea debida al caso, en orden a la valoración de los riesgos de las operaciones mercantiles, pertenece a quién posee tal información.

Ordinariamente, en el delito de estafa, el engaño es antecedente a la celebración del contrato, y el sujeto activo del delito conoce de antemano que no podrá cumplir con su prestación, y simulando lo contrario, origina un error en la contraparte, que cumple con su prestación, lo que produce el desplazamiento patrimonial que consuma el delito. La modalidad fraudulenta atribuida es la de los denominados ‘negocios jurídicos criminalizados’, en los que el señuelo o superchería que utiliza el defraudador es el propio contrato, con apariencia de regularidad, a través del cual y previamente el estafador piensa aprovecharse económicamente del cumplimiento del otro y de su propio incumplimiento (STS 684/2004, de 25 de mayo).

Para llegar a trazar la línea de separación entre ambas conductas, se han manejado diversas teorías, como el elemento subyacente a referido dolo antecedente, frente a lo imprevisible de la frustración civil que produce un incumplimiento contractual; también se ha tomado en consideración la teoría de la tipicidad, en tanto que el segundo comportamiento se corresponde con la descripción típica que se aloja en el art. 248 del Código Penal; y también podemos explicar la diferencia en lo que hemos de denominar la teoría de la viabilidad de la operación ofrecida a la parte que va a prestar el capital o la suma entregada al artífice del instrumento mediante el cual se construye su captación: si la viabilidad desde el principio es ilusoria por no hallarse construida bajo cimientos sólidos de manera que el dinero invertido no tiene el más mínimo soporte para poder ser devuelto, nos encontraremos con la comisión del delito de estafa. En caso contrario, aún podríamos hallarnos en sede de un simple incumplimiento contractual.

La Sala, siguiendo en el caso enjuiciado, esta última teoría de la viabilidad de la operación, concluye que en el caso de autos el negocio no tenía la menor oportunidad de salir con éxito, y  condena al acusado a tres años de prisión y a diversas cantidades a favor de los estafados, en concepto de responsabilidad civil.

La sentencia íntegra puede consultarse en el siguiente enlace:

http://s03.s3c.es/imag/doc/2016-09-13/STS_ViabilidadEstafa.pdf