CONDICIONES PARA LA AGRAVACIÓN DE LA PENA EN APELACIÓN

SE ANALIZA EN QUÉ CONDICIONES PUEDE DICTARSE UNA SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA QUE AGRAVE LA PENA IMPUESTA AL ACUSADO SIN HABER CUMPLIDO CON EL TRÁMITE DE AUDIENCIA.

(...)

Pese a que se agrava la sanción impuesta a P no estima necesario el Tribunal la audiencia al mismo, siguiendo el criterio fijado por la STC núm. 153/2011, de 17 de octubre (RCT 2011, 153), que con cita de la sentencia núm 45/2011, de 11 de abril, señala: "...el recurrente sustenta su queja de que se le ha vulnerado el derecho de defensa, en que su condena ha sido agravada por la Sentencia de la Audiencia Provincial al resolver el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, sin haber sido oído personalmente por el Tribunal de apelación..." y tras analizar la reiterada doctrina constitucional relativa a los casos en que es necesario la audiencia del acusado en apelación, diferencia los supuestos en que "el Tribunal de apelación ha de concoer de cuestiones hecho y de derecho, estudiando en general la cuestión de la culpabilidad o la inocencia, no puede, por motivos de equidad en el proceso, resolver sin la apreciación directa del testimonio del acusado que sostiene que no ha cometido el hecho delictivo que se le imputa (entre otras, SSTEDH de 27 de junio de 2000, caso Constantinescu c. Rumanía, 55; 1 de diciembre de 2005, caso Ilisescu y Chiforec c. Rumanía, 39; 18 de octubre de 2006, caso Hermi c. Italia, 64; 10 de marzo de 2009, caso Igual Coll c. España, 27), resaltando, además, que tras revocar la absolución dictada en la primera instancia, el pronunciamiento condenatorio requiere que el acusado haya tenido la posibilidad de declarar en defensa de su causa ante el órgano judicial que conoce del recurso, especialmente si se tiene en cuenta el hecho de que éste es el primero en condenarle en el marco de un proceso en el que se decide sobre una acusación en materia penal dirigida contra él (STEDH de 27 de junio de 2000,caso Constantinescu c. Rumanía, 58 y 59); de aquellos en que a partir de los hechos declarados probados en la primera instancia, el núcleo de la discrepancia entre la sentencia absolutoria y la condenatoria sea una cuestión estrictamente jurídica, para su resolución no resulta necesario oir al acusado en un juicio público, sino que el Tribunal puede decidir adecuadamente sobre la base de lo actuado (STS 170/2002, de 30 de septiembre [RTC 2002, 170], FJ 15).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 22ª, de 28 de noviembre de 2017, nº Resolución: 917/2017. Ponente: Patricia Martínez Madero.

Revista Jurídica de Catalunya, 2018

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